Un amplio frente de gobernadores argentinos impulsa en el Congreso una reforma clave para las finanzas provinciales: la automatización del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la modificación de la distribución del impuesto a los combustibles. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado con 56 votos a favor y solo uno en contra, busca eliminar la discrecionalidad con la que el Ejecutivo nacional asigna estos fondos, estableciendo un sistema automático basado en los coeficientes de la Ley de Coparticipación Federal.

Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), la reforma implicaría para la Nación un costo fiscal de $269.465 millones en el segundo semestre de 2025, equivalente al 0,05% del PBI. El estudio destaca que, entre 2017 y 2025, solo el 48% de los fondos del ATN se distribuyó a las provincias, mientras que el resto quedó en manos del gobierno nacional, lo que permitió mejorar el resultado fiscal de la Nación.

La iniciativa cuenta con el respaldo de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, quienes argumentan que los recursos les corresponden y que la reforma es necesaria para corregir inequidades históricas. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe serían las provincias más beneficiadas, mientras que Chubut sería la única que vería reducidos sus ingresos.

El presidente Javier Milei, sin embargo, ha advertido que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el superávit fiscal y no descarta judicializar la cuestión si el Congreso insiste. "El equilibrio fiscal no se negocia", reiteró el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la aprobación en el Senado. El oficialismo busca dilatar el tratamiento en Diputados y cuenta con aliados para sostener un eventual veto, aunque la oposición trabaja para reunir los dos tercios necesarios para blindar la ley.

La discusión se da en un clima de alta tensión política, con negociaciones cruzadas y la mirada puesta en las elecciones legislativas de octubre. Mientras tanto, los gobernadores mantienen su postura firme y advierten que no renunciarán a los fondos que consideran propios, abriendo un nuevo capítulo en la histórica disputa por la coparticipación y los recursos fiscales en Argentina.