El sistema judicial de Córdoba atraviesa una crisis sin precedentes, con conflictos salariales, renuncias masivas y deficiencias estructurales que amenazan con paralizar el servicio de justicia. Legisladores del Frente Cívico han presentado un proyecto de ley para declarar la "Emergencia Funcional, Operativa y Salarial" del Poder Judicial provincial por un año, con el objetivo de implementar medidas urgentes que garanticen la continuidad del servicio.

La propuesta legislativa busca habilitar al Poder Ejecutivo, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a tomar acciones inmediatas para mejorar los salarios, las condiciones laborales y la transparencia en la gestión judicial. Según los autores del proyecto, la situación de los empleados judiciales es "dramática", con salarios que en algunos casos están por debajo de la línea de pobreza. Un ingresante percibe actualmente $850.000 netos, mientras que un agente con cinco años de antigüedad apenas supera los $1.100.000, cifras que consideran insuficientes para cubrir el costo de vida.

El conflicto, que lleva más de un mes, incluye paros semanales, movilizaciones y renuncias masivas, con un promedio de una renuncia diaria en 2024. Las medidas de fuerza han generado demoras significativas en trámites judiciales, afectando fueros como penal, laboral y civil. Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, advirtió que "la justicia es un servicio esencial que hoy está gravemente resentido" y exigió una mesa de diálogo para resolver el conflicto.

El gremio AGEPJ y otros sectores gremiales reclaman la equiparación salarial al 90% de los salarios federales, lo que implicaría un aumento promedio del 20% en todas las categorías. Sin embargo, las medidas salariales recientes, como un incremento del 2,5% retroactivo al 1 de marzo, han sido consideradas insuficientes por los trabajadores.

El legislador Walter Nostrala destacó que el problema no es solo salarial, sino también estructural, con deficiencias crónicas como problemas edilicios, falta de personal y capacitación insuficiente. "Es inaceptable que empleados judiciales ganen por debajo de la línea de pobreza, mientras que algunos sectores tienen sueldos elevados", afirmó.

La crisis también ha afectado a los ciudadanos que dependen del sistema judicial, con demoras en la toma de denuncias y la resolución de expedientes. En áreas como el ámbito penal, decisiones que deberían tomarse de inmediato se postergan por semanas, según denunció el Colegio de Abogados.

Desde el gremio UEJN, Julio Piumato señaló que "la pérdida salarial no se detiene" y renovó el rechazo al traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el Colegio de Abogados insiste en la necesidad de una mesa de diálogo para destrabar el conflicto y evitar el colapso del sistema judicial.

La situación sigue siendo crítica, con un impacto significativo en el acceso a la justicia y la vida cotidiana de los ciudadanos. Se espera que en los próximos días se conforme una mesa de diálogo con la participación del secretario de Trabajo, Omar Sereno, para buscar soluciones a esta crisis.