La Justicia dictó prisión preventiva a tres personas acusadas de explotar laboralmente a un hombre de 84 años en el barrio porteño de Mataderos. Según la investigación, los imputados obligaban al jubilado a pedir dinero en la vía pública, le retenían lo recaudado y administraban su jubilación, mientras lo mantenían en condiciones inhumanas dentro de una vivienda compartida.

El caso salió a la luz tras una denuncia anónima a la línea 145 de la Coordinación Nacional de Rescate, lo que motivó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Fiscalía Federal N°3. El juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, consideró que existía un riesgo concreto de que los acusados pudieran influir o amedrentar a la víctima si permanecían en libertad, por lo que dispuso la prisión preventiva y un embargo de 20 millones de pesos sobre cada uno, además del embargo preventivo del inmueble donde residía el anciano.

La investigación determinó que la víctima, identificada como "Cacho", permaneció en estado de sometimiento entre el 17 de marzo y el 18 de mayo de 2026. Durante ese tiempo, una pareja y un tercer implicado se aprovecharon de su vulnerabilidad física, su salud deteriorada y su precariedad económica. El anciano era obligado a pedir limosna en la esquina de Tapalqué y Murguiondo, y al regresar, los acusados le quitaban el dinero recaudado. Además, le retenían el DNI y la tarjeta de débito, impidiéndole el acceso a su jubilación.

El allanamiento realizado por la Policía Federal permitió rescatar al hombre, quien fue hallado en condiciones deplorables de habitabilidad, rodeado de residuos y en estado de aislamiento extremo. Aunque la víctima declaró inicialmente que se encontraba bien, los peritajes psicológicos y ambientales confirmaron el sometimiento y la anulación de su voluntad.

El juez Ercolini subrayó que "la ausencia de una percepción subjetiva de sometimiento por parte de la víctima no descarta la existencia objetiva de una dinámica de explotación, dependencia o aprovechamiento". La resolución judicial remarcó que no se trató de una situación de pobreza compartida, sino de un esquema de aprovechamiento sobre una persona mayor, vulnerable y dependiente.

El caso generó preocupación en la comunidad y reavivó el debate sobre la protección de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Organismos de derechos humanos y vecinos del barrio celebraron la rápida intervención judicial y reclamaron mayores medidas de prevención y contención social para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.