Varias denuncias judiciales han puesto bajo la lupa los vínculos entre la empresa Lácteos Vidal, el empresario Fred Machado —acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos— y la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023. El caso, que involucra a actores políticos, sindicales y empresariales, ha generado un intenso debate público y judicial en Argentina.

Según documentos judiciales estadounidenses, los hermanos Vidal y Alejandra Bada Vázquez, propietarios de Lácteos Vidal, aparecen mencionados en transferencias de dinero con empresas asociadas a Machado. Estas operaciones, que oscilan entre 20 mil y 400 mil dólares, han sido incorporadas a expedientes en Texas donde se investiga a Machado y su entorno por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Además, el sindicato Atilra denunció ante la Justicia Federal la posible triangulación de fondos ilícitos y violaciones a los derechos laborales en la empresa láctea.

En paralelo, la Cámara Nacional Electoral registra un aporte de 400 mil pesos a la campaña de Patricia Bullrich a nombre de Alejandra Bada Vázquez, aunque no figura como aporte de la empresa. La exdiputada Myriam Bregman presentó una denuncia solicitando que se investigue el origen de estos fondos, argumentando que podrían estar vinculados a un entramado de lavado y financiamiento político.

Alejandra Bada Vázquez, por su parte, negó en un video conocer a Fred Machado y aseguró que Lácteos Vidal nunca realizó aportes a campañas políticas. "Somos una empresa familiar que no hacemos política. Quieren ensuciarnos para campañas, pero no muchachos. Tráiganme la transferencia de Lácteos Vidal a alguna campaña. No existe, no la van a encontrar", afirmó. El entorno de la empresa sostiene que las acusaciones son infundadas y responden a una campaña de desprestigio en el marco de conflictos sindicales.

La Justicia aún no ha determinado la existencia de delitos, pero el caso sigue sumando presentaciones y pedidos de investigación. Mientras tanto, el debate sobre el financiamiento político, la transparencia empresarial y la relación entre sindicatos y empresas continúa en el centro de la agenda pública argentina.