Gobernadores de distintas fuerzas políticas presentaron en el Senado dos proyectos de ley que buscan aumentar los fondos que reciben las provincias, en respuesta al fracaso de las negociaciones con el Gobierno nacional sobre la distribución de recursos. Las iniciativas, que cuentan con el respaldo de la mayoría de los bloques opositores y de algunos aliados habituales del oficialismo, proponen modificar el régimen de coparticipación de impuestos y el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Uno de los proyectos plantea la eliminación de varios fideicomisos y fondos sectoriales financiados con el impuesto a los combustibles líquidos, para que esos recursos sean distribuidos entre las provincias según los porcentajes establecidos en la Ley de Coparticipación. El nuevo esquema prevé que el 14,29% de lo recaudado por este impuesto quede para el Tesoro Nacional, el 57,02% para las provincias y el 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. Además, los fondos provinciales se repartirían en un 25% en partes iguales y el 75% restante según los índices de coparticipación.

El segundo proyecto propone incorporar un nuevo artículo a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto para que los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se redistribuyan automáticamente y a diario, bajo las mismas condiciones de la ley de coparticipación. Los gobernadores argumentan que estos fondos tienen asignación específica y que el cambio normativo no afectaría las finanzas públicas nacionales, en respuesta a la preocupación del Gobierno sobre el equilibrio fiscal.

Según datos de la consultora Politikon Chaco, en 2025 el Fondo ATN sumó $451.000 millones, pero solo se ejecutó el 20%. La distribución de estos fondos ha sido históricamente discrecional y sujeta a criterios coyunturales, lo que ha generado reclamos de las provincias por una mayor transparencia y equidad.

El Gobierno nacional, por su parte, ha advertido que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el superávit fiscal. Sin embargo, el amplio apoyo político a los proyectos podría bloquear un eventual veto presidencial. El debate se da en un contexto de tensión por la distribución de recursos y la presión de la oposición en el Congreso para avanzar con otras iniciativas, como el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. El desenlace de esta disputa podría tener implicancias significativas para el federalismo fiscal y la relación entre la Nación y las provincias.