La Cámara de Diputados de Entre Ríos formalizó el inicio de una investigación de juicio político contra Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia provincial, tras la unificación de dos denuncias por presunto mal desempeño en sus funciones. Las acusaciones, presentadas por el dirigente gremial Eugenio Jacquemain y la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, señalan que Medina habría acumulado 668 días hábiles de ausencia entre 2016 y 2025, además de utilizar vehículos oficiales y viáticos para viajes personales y al exterior, en ocasiones sin justificación clara.

La comisión de Juicio Político, presidida por la diputada Gabriela Lena, ordenó una serie de medidas probatorias, incluyendo la solicitud de informes al Superior Tribunal de Justicia, Migraciones y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Se busca determinar la veracidad de las ausencias, el uso de recursos estatales y la existencia de donaciones o aportes irregulares a asociaciones vinculadas a Medina. Todos los organismos requeridos deberán responder en un plazo de cinco días corridos.

En paralelo, Medina presentó un descargo negando las acusaciones y asegurando que todas sus ausencias fueron autorizadas por las autoridades competentes. "No tengo causas con términos vencidos para resolver y mi despacho está al día", afirmó la magistrada en su defensa. Sin embargo, algunos diputados señalaron que su descargo no respondió a todos los puntos planteados en las denuncias.

El proceso, que debe resolverse en un plazo máximo de 30 días según la Constitución provincial, podría derivar en la remoción de Medina si la Cámara de Diputados así lo decide y el Senado provincial actúa como tribunal de enjuiciamiento. El caso ha generado un fuerte debate sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios judiciales, recordando antecedentes similares en la Asociación de Mujeres Juezas.

Mientras tanto, Medina renunció a la presidencia de dicha asociación, aduciendo razones personales y el difícil momento que atraviesa. El desenlace del proceso será clave para el futuro institucional del Poder Judicial entrerriano y podría sentar un precedente en la evaluación del desempeño de magistrados en la provincia.