La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender por tiempo indeterminado la entrega del 51% de las acciones de YPF, que había sido ordenada por la jueza Loretta Preska en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera argentina. Esta decisión representa un alivio procesal para el Estado argentino, que enfrenta una sentencia de primera instancia que lo obliga a pagar una indemnización de USD 16.099 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park.

La medida administrativa, concedida tras la presentación de los abogados argentinos, frena el ultimátum de 72 horas impuesto por Preska y neutraliza el riesgo inmediato de desacato judicial. Según el cronograma establecido por el tribunal, los demandantes deberán presentar su oposición a la suspensión el 17 de julio, mientras que la Argentina responderá el 22 de julio. Posteriormente, un panel de tres jueces analizará los argumentos y decidirá si la suspensión se mantiene durante el proceso de apelación.

El conflicto se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino retomó el control de la empresa. Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra del Grupo Petersen, lidera el reclamo judicial en Estados Unidos. El estatuto de YPF exige que cualquier comprador de más del 15% de las acciones ofrezca la misma oportunidad a todos los accionistas, algo que fue cuestionado en la operación de expropiación.

La defensa argentina argumenta que la orden de entrega de acciones viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y la legislación local, que prohíbe transferir acciones sin la aprobación del Congreso. Además, sostiene que el cálculo de la indemnización debería revisarse, ya que la conversión a dólares se realizó con el tipo de cambio de 2012 y no el vigente al momento de la sentencia.

Mientras tanto, la jueza Preska ha criticado la estrategia dilatoria de Argentina, señalando que el país ha aprovechado al máximo el tiempo extra otorgado sin cumplir con las condiciones impuestas. El Gobierno argentino, por su parte, celebra la suspensión como una victoria temporal y destaca el respaldo institucional del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El proceso judicial sigue abierto y podría extenderse durante varios meses, ya que no hay una fecha definida para la audiencia oral. Expertos legales advierten que la indemnización podría reducirse si prosperan los argumentos argentinos sobre el tipo de cambio. Provincias petroleras y actores políticos han manifestado su preocupación por la posible pérdida de control estatal sobre YPF, mientras que la reputación financiera de Argentina mejora temporalmente tras la suspensión de la orden.