El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a una nueva licitación pública nacional e internacional para la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la tercera etapa del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA. La medida, formalizada mediante la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, abarca corredores estratégicos que atraviesan provincias como Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

El nuevo esquema de concesión, que elimina los subsidios estatales y transfiere la operación y el mantenimiento de las rutas al sector privado, prevé la construcción, explotación, reparación y ampliación de los tramos licitados. Entre las rutas incluidas se encuentran la 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de accesos y variantes clave para el transporte y la producción agroindustrial.

Según los pliegos, las empresas adjudicatarias podrán instalar nuevas cabinas de peaje, lo que implicará un aumento significativo en las tarifas. Por ejemplo, en la Ruta 7, el valor máximo de peaje para automóviles podría pasar de $1.300 a $4.500, lo que representa un incremento del 246%. Además, el proceso no garantiza la continuidad laboral de los empleados actuales de Corredores Viales SA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el objetivo es "tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando la inversión privada y cuidando los recursos de los argentinos". El Gobierno sostiene que el nuevo modelo busca eliminar el déficit operativo y mejorar la eficiencia en la gestión vial, además de permitir explotaciones complementarias como servicios logísticos o comerciales.

La licitación será difundida tanto en el Boletín Oficial como en portales internacionales, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 18 de junio de 2026. El proceso fue precedido por audiencias públicas y la correspondiente tasación legal, en cumplimiento de la normativa vigente. La privatización de Corredores Viales SA se inscribe en el programa de reformas estructurales impulsado por el Gobierno, que busca reducir el gasto público y redefinir el rol del Estado en áreas estratégicas. El impacto de la medida genera expectativas en el sector privado, pero también preocupación entre usuarios y sindicatos por el aumento de peajes y la situación laboral de los trabajadores.