El gobierno de Javier Milei ha dado un giro significativo en su estrategia judicial con la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Este cambio, impulsado por la secretaria general Karina Milei, busca consolidar el control del oficialismo sobre el Poder Judicial y acelerar la cobertura de más de 200 vacantes en juzgados y fiscalías nacionales y federales, una situación que ha generado preocupación en la Corte Suprema y en el ámbito judicial por la falta de designaciones en los últimos años.

La llegada de Mahiques representa una apuesta por un perfil con fuertes vínculos en el sistema judicial y político, lo que ha generado tanto expectativas como críticas. Según fuentes oficiales, el gobierno enviará inicialmente al Senado unos 50 pliegos para cubrir vacantes críticas, priorizando tribunales federales y cámaras estratégicas, mientras que otras designaciones, como las de la Corte Suprema, no son consideradas urgentes en esta etapa. La reforma laboral y la implementación del sistema acusatorio federal, especialmente en provincias como Córdoba, figuran entre los principales desafíos de la nueva gestión.

El desplazamiento de figuras como Sebastián Amerio y la incorporación de Santiago Viola refuerzan la influencia de Karina Milei en la estructura judicial, en un contexto de internas políticas y necesidad de acuerdos parlamentarios. El oficialismo sostiene que estos movimientos son necesarios para garantizar la gobernabilidad y avanzar en reformas estructurales, mientras que sectores opositores y judiciales advierten sobre el riesgo de operaciones políticas y la consolidación de una "casta" judicial.

La crisis de vacantes, que alcanza el 37% de los cargos judiciales, y la falta de designaciones durante los últimos dos años han puesto en jaque el funcionamiento de la Justicia. El gobierno busca ahora aprovechar su mayor peso en el Congreso para negociar acuerdos y destrabar nombramientos, en un escenario marcado por la tensión entre la necesidad de reformas y la preservación de la independencia judicial. El impacto de estos cambios será clave para el futuro institucional y político del país.