El sector de empleados de comercio en Argentina cerró un nuevo acuerdo paritario que establece el pago de bonos no remunerativos y ajustes salariales, en un contexto de negociaciones periódicas y demandas empresariales de reforma laboral. El entendimiento, firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), impacta a más de 1,2 millones de trabajadores en todo el país.

El punto central del acuerdo es la implementación de una suma fija no remunerativa de $60.000 mensuales, que será abonada en los salarios de diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026. A partir de abril, este monto se incorporará al salario básico. Además, se mantiene la suma fija no remunerativa de $40.000, establecida previamente, lo que permite a los empleados recibir un extra total de $100.000 por mes durante cuatro meses. Los empleados de las principales cadenas de supermercados, por su parte, percibirán un bono extraordinario de $170.000 en diciembre, resultado de negociaciones específicas entre empresas y el sindicato.

El acuerdo excluye a los trabajadores de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, donde se negocian condiciones particulares. Para el resto del país, la vigencia del acuerdo se extiende desde julio 2025 hasta abril 2026, con una cláusula de revisión en marzo para analizar el impacto de las variables económicas y ajustar los valores pactados si fuera necesario. Los bonos no remunerativos no forman parte de la base de aportes ni contribuciones a la seguridad social, ni se incluyen en el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Sin embargo, el acuerdo generó críticas por parte de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que rechaza el esquema de aportes obligatorios a fondos como INACAP y OSECAC, argumentando que elevan los costos laborales y afectan la competitividad. CADAM exige una reforma laboral que proteja tanto a empleados como a pymes, y reclama mayor participación en la mesa paritaria. "No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte", señalaron desde la entidad.

El acuerdo debe ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación y actúa como referencia primaria para el sector, estableciendo un piso salarial nacional y resguardando las sumas mínimas frente a variaciones sectoriales. Mientras los sindicatos destacan el esfuerzo conjunto para acompañar la difícil situación económica de los trabajadores, las tensiones sectoriales y los pedidos de reforma laboral continúan marcando el debate en torno a la estructura de costos y la representatividad en las negociaciones.