El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado Nº 26.165, una medida que busca modernizar y agilizar el sistema de asilo en Argentina tras casi dos décadas de espera. El Decreto 646/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, establece procedimientos claros y eficientes para quienes soliciten refugio en el país.

La nueva reglamentación deroga decretos previos y refuerza la seguridad jurídica, la transparencia y la celeridad en los trámites, respondiendo a advertencias de la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de evitar demoras e incertidumbre para los solicitantes y la administración pública. "La falta de procedimientos específicos había ocasionado serias demoras y la inobservancia de estándares constitucionales como el plazo razonable", señala el texto oficial.

La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) será la autoridad de aplicación y deberá emitir un pronunciamiento sobre la viabilidad de las solicitudes en un plazo máximo de 10 días hábiles, reducido a 72 horas en casos presentados en frontera. Además, se prohíbe la expulsión de solicitantes o refugiados a países donde enfrenten riesgos de persecución, en línea con los tratados internacionales ratificados por Argentina. La protección se extiende a familiares directos, asegurando la cohesión familiar.

El decreto también prevé la publicación anual de estadísticas, el desarrollo de planes de contingencia para flujos masivos de desplazados y la coordinación de programas de repatriación voluntaria y reasentamiento en colaboración con organismos internacionales. "La medida no implica gastos adicionales y busca dar eficacia plena a los derechos reconocidos en la ley", remarcaron las autoridades.

El anuncio generó controversia en redes sociales, donde algunos sectores expresaron temor a un aumento de la inmigración, mientras organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión como un avance en la protección internacional. El gobierno destacó que la reglamentación coloca a la Argentina "en la primera línea de la región" en materia de asilo y salda una "deuda histórica" con los refugiados.

Con esta reglamentación, Argentina consolida su compromiso con la protección de quienes huyen de la violencia, la persecución y los conflictos, alineándose con los estándares internacionales y fortaleciendo su tradición humanitaria.