El debate por la reforma laboral en Argentina se encuentra en un punto crítico tras la denuncia pública del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien reveló presiones y amenazas dirigidas a legisladores peronistas para que no apoyen el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según Sáenz, la conducción nacional del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Cristina Kirchner, habría amenazado con intervenir los partidos provinciales como castigo político si los legisladores votan a favor de la reforma.

La reforma laboral, considerada el primer gran desafío legislativo del gobierno libertario, busca modernizar las relaciones entre trabajadores y empresarios. El bloque Convicción Federal, compuesto por cinco senadores con posturas autónomas respecto al kirchnerismo, se ha convertido en el centro de la escena, ya que su decisión será determinante para el desenlace de la votación prevista para este miércoles en el Senado.

Sáenz explicó que la intervención partidaria ya se ha aplicado en provincias como Salta, Misiones y Jujuy, y advirtió que podría repetirse en otros distritos. "Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos", afirmó en declaraciones televisivas. El gobernador también destacó que el partido es la única herramienta electoral que tienen muchos mandatarios provinciales, y perderla implica quedar políticamente desarmado.

El gobierno nacional, por su parte, acelera negociaciones con los gobernadores para asegurar los votos necesarios. El capítulo fiscal de la reforma, que implica una baja en la recaudación provincial, es uno de los puntos más cuestionados por los mandatarios. Sáenz reiteró su apoyo a la modernización laboral, pero pidió alternativas para recuperar ingresos si no se generan los puestos de trabajo necesarios.

En paralelo, la CGT convocó a una movilización para el día de la sesión, buscando marcar un límite simbólico a la reforma y condicionar a los legisladores indecisos. El kirchnerismo, por su parte, intenta unificar posturas para bloquear una ley considerada estratégica para el modelo libertario.

La votación representa un test de liderazgo para Milei, una prueba de cohesión para el peronismo y un examen de supervivencia para los gobernadores. Cada voto tendrá consecuencias más allá de esta ley, y los legisladores enfrentan presiones partidarias, sindicales y del gobierno nacional. El debate se desarrolla en un clima de tensión política, con la autonomía de los senadores y los intereses provinciales en el centro de la discusión.