El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un aumento del 14,8% en las tarifas de colectivos urbanos que circulan exclusivamente por territorio bonaerense, a partir del 1 de diciembre. La medida, impulsada por la administración de Axel Kicillof, busca recomponer los ingresos de las empresas de transporte y evitar posibles interrupciones del servicio ante la presión de las cámaras empresarias y el sindicato de choferes.

El nuevo cuadro tarifario establece que el boleto mínimo en el Gran Buenos Aires será de $658,44, con incrementos progresivos según la distancia recorrida. Para quienes utilicen la tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo será considerablemente mayor, superando los $1.000 en algunos tramos. El ajuste combina un aumento extraordinario del 10% con la fórmula mensual de inflación más dos puntos porcentuales, vigente desde marzo.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense tras una consulta ciudadana realizada a mediados de noviembre. El Ministerio de Transporte provincial argumentó que la actualización es necesaria para afrontar los mayores costos operativos, derivados de la inflación, la devaluación y el incremento en insumos clave como el combustible y el mantenimiento de las unidades.

Las cámaras empresarias del sector manifestaron que, sin el aumento, deberían pagar sueldos y aguinaldos en cuotas, lo que podría derivar en un paro de actividades. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que podría convocar a una medida de fuerza si no se garantiza el pago íntegro y puntual de los haberes del personal. "El Gobierno será responsable si los trabajadores deben realizar un paro para percibir en tiempo y forma los salarios que constituyen el sustento de sus familias", expresó el gremio.

El esquema tarifario bonaerense es independiente del de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del nacional, lo que genera diferencias de precios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A pesar del aumento, las tarifas del conurbano bonaerense se mantienen entre las más bajas del país, aunque persiste una brecha significativa entre los costos reales del servicio y los subsidios estatales.

El aumento fue recibido con expectativa por las empresas, que consideran indispensable la actualización para garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, tanto usuarios como trabajadores reclaman mayor transparencia en la asignación de subsidios y mejoras en la calidad del transporte público. El debate sobre la sustentabilidad del sistema y la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento continúa abierto, en un contexto de alta inflación y presión sobre los recursos públicos.