El gobierno de Santa Cruz puso en marcha una serie de operativos para asegurar el cumplimiento de la Ley 90/10, que exige que al menos el 90% de los trabajadores en sectores estratégicos como minería, petróleo y obras sean residentes locales con al menos seis años de residencia comprobada. Los controles, encabezados por el gobernador Claudio Vidal y funcionarios provinciales, comenzaron en Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional 3, y se extenderán a toda la provincia durante más de un mes.

En el primer día de operativos, se detectaron más de 500 trabajadores provenientes de otras provincias, principalmente Chubut, que ingresaban a Santa Cruz para trabajar en empresas mineras y de servicios. El gobierno provincial implementará un sistema digital para monitorear el cumplimiento de la ley y anunció sanciones severas para las empresas que no respeten la normativa. "Durante muchos años la mano de obra local quedó relegada, mientras miles de trabajadores de otras provincias se empleaban en nuestros recursos. Eso se terminó. En Santa Cruz el trabajo tiene que ser para la gente de Santa Cruz", afirmó el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena.

La nueva ley reemplaza a la antigua Ley 70/30, que según las autoridades era frecuentemente incumplida mediante la simulación de domicilios. Ahora, para ser considerado trabajador local, se exige residencia comprobada, domicilio en el DNI y un certificado oficial. El gobernador Vidal enfatizó que la defensa del empleo local es una decisión política que marca un antes y un después en la provincia.

Sin embargo, la medida generó críticas de sectores opositores y juristas, quienes advierten que podría violar derechos constitucionales como la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo y circulación. "Establecer una residencia obligatoria de seis años y un cupo del 90% puede considerarse una discriminación por domicilio o lugar de origen", señalaron especialistas consultados. Además, se advierte que la regulación de las relaciones laborales privadas es competencia del Congreso Nacional.

En medio de una crisis laboral que ha dejado miles de puestos de trabajo perdidos en la región, el gobierno provincial sostiene que la ley es fundamental para reactivar la economía local y asegurar que la riqueza generada por los recursos naturales beneficie a los santacruceños. El ministro de Energía y Producción, Jaime Álvarez, fue contundente: "El 90/10 es un piso. Nosotros queremos que el 100% del trabajo sea santacruceño". El debate sobre la legalidad y el impacto de la medida continúa abierto, mientras los controles se intensifican en toda la provincia.