La Legislatura de Santa Fe resolvió suspender de manera preventiva al fiscal Leandro Benegas, quien se desempeñaba en la Región 5 con asiento en Reconquista, tras ser imputado por delitos de abuso sexual contra una menor. La decisión fue adoptada por unanimidad en una sesión conjunta de ambas cámaras, que también dispuso la reducción del 50% de su salario y la prohibición de ingreso a las oficinas del Ministerio Público de la Acusación mientras dure la investigación.

La imputación formal contra Benegas fue presentada el 23 de febrero de 2026 por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi ante la jueza Norma Senn, en los tribunales de Vera. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido entre 2008 y 2009, cuando la víctima era adolescente y Benegas ocupaba un cargo jerárquico en la municipalidad de Vera, siendo superior del padre de la denunciante.

Durante la audiencia, la jueza Senn dispuso la prisión preventiva para el acusado, aunque la medida no se hizo efectiva debido a la aplicación de la "inmunidad de arresto". Esta decisión generó sorpresa incluso en el propio Benegas, quien expresó su desacuerdo con la interpretación de la ley en su caso.

En declaraciones públicas, Benegas negó categóricamente los cargos y afirmó ser víctima de una campaña de desprestigio y venganza, vinculando la denuncia a su desempeño como fiscal en causas previas, entre ellas la condena de Luis Guzmán, hermano de la denunciante, por delitos sexuales. Además, responsabilizó al abogado querellante, Dionisio Ayala, a quien calificó de "inescrupuloso" y "denunciador serial".

Por su parte, la Legislatura justificó la suspensión en la necesidad de garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la investigación penal. El caso se produce en un contexto de reformas institucionales y debates legislativos en la provincia, lo que ha puesto el foco en los mecanismos de control y sanción dentro del sistema judicial santafesino.

El proceso disciplinario y penal contra Benegas continuará en los próximos meses, mientras el funcionario permanece apartado de sus funciones y bajo investigación judicial.