Cristina Kirchner, expresidenta de la Nación, enfrenta prisión domiciliaria en su departamento de Constitución tras la condena en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) dispuso que solo familiares, abogados y médicos puedan visitarla sin autorización judicial previa, mientras que cualquier otra persona debe contar con un permiso especial del tribunal. Esta medida fue apelada por la defensa de Kirchner, que argumenta que la restricción vulnera derechos fundamentales y no tiene precedentes en otros casos de arresto domiciliario.

En un escrito firmado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, se sostiene que la decisión judicial es incompatible con el derecho a la vida familiar y social, y que limita injustificadamente la actividad política de la exmandataria, quien sigue siendo presidenta del Partido Justicialista. "No parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas", señalaron los letrados, haciendo referencia a la inminente visita de líderes políticos extranjeros.

El tribunal también dispuso la colocación de una tobillera electrónica para monitorear a Kirchner, medida que sus abogados consideran innecesaria y humillante. Según Página/12, la rapidez con la que se implementó el dispositivo contrasta con otros casos, donde la colocación puede demorar meses. La defensa advirtió que, de no revertirse la decisión, recurrirá a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, solicitó que la prisión domiciliaria no se cumpla en el departamento de Kirchner, argumentando complicaciones para la seguridad y la convivencia vecinal. En la madrugada del viernes, se desplegó un operativo policial con vallas y retiro de pancartas, lo que fue denunciado por la exmandataria como un accionar ilegal y provocador por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El tribunal aclaró que Kirchner puede usar el balcón de su departamento, siempre que no perturbe la tranquilidad del vecindario. Sin embargo, la situación ha reavivado el debate sobre el trato judicial a exmandatarios y la proporcionalidad de las medidas restrictivas, en un contexto de alta polarización política y social.