El conflicto entre la empresa estatal Corredores Viales S.A. y el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) ha alcanzado un punto crítico tras el despido de 117 trabajadores. Las tensiones comenzaron con una serie de protestas lideradas por el sindicato, que incluyeron paros y el levantamiento de barreras de peaje, afectando significativamente las operaciones de la empresa y generando pérdidas estimadas en más de 2.500 millones de pesos para el Estado Nacional.

Según Corredores Viales, las medidas sindicales fueron "ilegales e ilegítimas" y calificadas como "extorsivas". La empresa argumenta que las protestas se iniciaron en solidaridad con 500 trabajadores de Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó en 2014, y que el sindicato buscaba que el Estado asumiera responsabilidades que correspondían a una empresa privada. En respuesta, la empresa presentó denuncias ante la Secretaría de Trabajo y procedió con los despidos, además de implementar sanciones como descuentos salariales y pérdida de presentismo.

Por su parte, SUTPA ha denunciado un "grave ataque a la libertad sindical" y sostiene que las medidas adoptadas fueron legales y comunicadas en tiempo y forma. El sindicato también ha señalado que las acciones de la empresa constituyen una represalia discriminatoria y ha exigido la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos. "Rechazamos categóricamente las falsas acusaciones de ilegalidad respecto de nuestra medida, que se encuentra plenamente respaldada por la Constitución Nacional", afirmó el gremio en un comunicado.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, respaldó las acciones de Corredores Viales y afirmó que "el Estado no tolerará extorsiones de ningún tipo". Mogetta también destacó que las medidas sindicales no solo afectaron la recaudación estatal, estimada en 700 millones de pesos diarios, sino que también generaron caos vehicular en la Autopista Riccheri, complicando la circulación en zonas clave como el Mercado Central.

El conflicto se desarrolla en un contexto de tensiones laborales más amplias, con demandas sindicales por mejores condiciones de trabajo, paritarias y preocupaciones sobre una posible privatización de Corredores Viales. Mientras tanto, la empresa ha comenzado a trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad para desarrollar protocolos que eviten futuros cortes de rutas y garanticen la libre circulación.

Este enfrentamiento pone de manifiesto las tensiones entre el gobierno de Javier Milei y los sindicatos, en un momento en que las políticas laborales y económicas están bajo intenso escrutinio. El desenlace de este conflicto podría tener implicaciones significativas para las relaciones laborales en el país.