El Gobierno nacional formalizó la designación del coronel mayor retirado Ariel Guzmán como administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en el marco de una profunda reestructuración del sistema de salud militar y de seguridad. La medida, oficializada mediante el decreto 88/2026, responde a la crítica situación financiera de la entidad, que acumula una deuda estimada en más de 200 mil millones de pesos y ha generado cortes de servicios en distintas regiones del país.

Durante el período de transición, que se extenderá por un año, Guzmán tendrá la responsabilidad de conducir el traspaso integral de bienes, afiliados y obligaciones hacia dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). El Ministerio de Economía asumirá el pasivo de IOSFA, con el objetivo de sanear la nueva estructura y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas.

El proceso será supervisado por una comisión especial integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, así como por la Sindicatura General de la Nación. Según el Gobierno, se mantendrán sin interrupciones las cirugías programadas, tratamientos oncológicos y la entrega de medicamentos para enfermedades crónicas durante la transición.

La crisis de IOSFA se agravó en los últimos años, con un crecimiento exponencial de la deuda y la reducción de prestadores en todo el país. En ciudades como Punta Alta y Salta, miles de afiliados han visto restringido su acceso a servicios básicos de salud. El deterioro de la situación llevó a la intervención estatal y a la creación de las nuevas obras sociales, que funcionarán como entes autárquicos bajo la órbita de los ministerios de Defensa y Seguridad, respectivamente.

El Ejecutivo sostiene que la reorganización permitirá una gestión más eficiente y ajustada a las necesidades de cada fuerza, mientras que legisladores y asociaciones médicas reclaman mayor transparencia y garantías para los afiliados. El futuro de la cobertura sanitaria de los uniformados y sus familias dependerá de la capacidad de las nuevas entidades para superar los desafíos financieros y administrativos heredados.