El prolongado conflicto entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresariales de la flota langostinera mantiene paralizada la zafra del langostino en Argentina, generando preocupación en el sector pesquero y en las economías regionales. Tras una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación, las partes no lograron acercar posiciones y la actividad sigue detenida.

Las cámaras empresariales, entre ellas CAPIP, CAPeCA y CEPA, insisten en la necesidad de reducir un 22% la producción de los marineros, argumentando que es indispensable para sincerar los costos laborales y garantizar la continuidad de la actividad. Esta reducción ya fue aceptada por capitanes y maquinistas, pero el SOMU la considera innegociable. "No vamos a negociar el esfuerzo del marinero, que es la producción. Ganamos en base a nuestro trabajo y no aceptamos ser la variable de ajuste", afirmó Juan Navarro, secretario de Pesca del SOMU.

Ante la falta de acuerdo, las empresas comenzaron a contactar directamente a los marineros para ofrecerles contratos individuales, una medida que el Gobierno nacional estaría dispuesto a homologar por tratarse de una situación extraordinaria. Empresas como Conarpesa y San Isidro ya enviaron cartas a sus trabajadores, ofreciendo anticipos y mejoras salariales respecto al año anterior, e instando a decidir "en libertad y sin presiones". "Trabajar también es un derecho y vamos a respetar cualquier postura", señalaron desde el sector empresario.

El SOMU, por su parte, rechaza de plano los acuerdos individuales y advierte que negociar a la baja es ilegal. El gremio sostiene que la mayoría de los marineros en Puerto Madryn se niega a firmar estos contratos y no descarta medidas de fuerza si los barcos zarpan bajo estas condiciones. "Estamos hablando con todos los compañeros y explicándoles la situación. La mayoría está dispuesta a no firmar nada", aseguró César Zapata, secretario general de la seccional Madryn del SOMU.

El conflicto, que ya lleva más de un mes y medio, ha generado fuertes pérdidas económicas y un clima de tensión en los puertos. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el futuro de la temporada y el sustento de miles de familias que dependen de la actividad pesquera.