La Justicia argentina avanza en la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Kirchner, tras la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad. El proceso, impulsado por el Tribunal Oral Federal 2 y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, busca resarcir al Estado por un perjuicio estimado en USD 500 a 550 millones, producto del direccionamiento de obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz.

El fallo de la Corte Suprema, que dejó firme la condena, fue determinante para que se mantuvieran los embargos sobre más de 50 propiedades, cuentas bancarias, vehículos y acciones, muchos de los cuales fueron transferidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en 2016. La Justicia considera que estas transferencias podrían constituir maniobras de insolvencia fraudulenta, por lo que los bienes permanecen cautelados y sujetos a tasación judicial.

Según fuentes judiciales, los acusados tienen un plazo de 10 días hábiles para depositar el monto fijado por el Tribunal. De no cumplirse, se procederá al remate de los bienes embargados para cubrir la suma. El patrimonio declarado por Cristina Kirchner al dejar la vicepresidencia en 2023 ascendía a $249,4 millones, compuesto principalmente por acciones en empresas internacionales y derechos de usufructo sobre dos propiedades históricas. Sin embargo, la Justicia investiga activos no declarados y la real magnitud de las transferencias patrimoniales a sus hijos.

Los fiscales han solicitado que los fondos recuperados sean destinados a fines sociales, como la construcción de escuelas y hospitales, argumentando que la corrupción afecta directamente la capacidad del Estado para atender necesidades básicas. La defensa de la exmandataria sostiene que los bienes ofrecidos para cubrir los embargos son suficientes y que parte del patrimonio ya no le pertenece, pero la Justicia considera que los activos ofrecidos están vinculados a los delitos investigados y resultan insuficientes para garantizar el resarcimiento.

El caso ha generado un intenso debate público y político, con sectores opositores reclamando una investigación por insolvencia fraudulenta y el cumplimiento efectivo de la condena. Mientras tanto, la Justicia continúa con la identificación y tasación de los bienes, en un proceso que podría sentar precedentes sobre la recuperación de activos en casos de corrupción de alto perfil en Argentina.