Eduardo Borgis, vecino de Cipolletti, inició una huelga de hambre frente a la sede del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) en reclamo por la restitución de prestaciones médicas para su esposa, Karina Mardones, y su hija, Kiara Borgis, ambas con graves discapacidades. Según Borgis, la obra social provincial suspendió servicios esenciales de enfermería y kinesiología respiratoria desde diciembre de 2024, sin brindar explicaciones oficiales. “Jamás me notificaron por qué dejaron de autorizarlas”, declaró Borgis, quien asegura que debió endeudarse para afrontar los gastos médicos.

Karina, diagnosticada con un tumor cerebral y diabetes tipo 1, recibía atención domiciliaria las 24 horas y visitas médicas regulares. Kiara, de 12 años, padece hidrocefalia, cuadriplejia y ceguera, y contaba con dos sesiones diarias de kinesiología respiratoria, ahora reducidas a una. La familia sostiene que la cobertura está respaldada por informes médicos y un amparo judicial.

Desde IPROSS, en cambio, se desmintieron las acusaciones y se explicó que las prestaciones fueron garantizadas conforme a la normativa vigente. El organismo atribuyó la interrupción a la falta de presentación de documentación en tiempo y forma, y aseguró que los canales para regularizar la situación permanecen abiertos. “La idea de supuestas faltas de cobertura en materia de discapacidad no se corresponde con la realidad”, señalaron en un comunicado.

El conflicto escaló cuando IPROSS formalizó una denuncia penal contra Borgis por presunto fraude agravado y perjuicio patrimonial estimado en 183 millones de pesos, detectado en una investigación interna desde 2016. El Instituto lamentó que la situación se haya convertido en un conflicto público y advirtió sobre la responsabilidad en el manejo de temas de salud y discapacidad.

El caso ha generado amplia repercusión mediática y reavivó el debate sobre la gestión de prestaciones para personas con discapacidad en el sistema de salud provincial. Mientras tanto, Borgis mantiene su protesta y exige respuestas concretas, mientras la obra social insiste en la necesidad de cumplir con los procedimientos administrativos para garantizar la continuidad de los servicios.