Un tribunal de la provincia de Neuquén dictó este jueves sentencia contra 12 exfuncionarios y empleados provinciales, hallados culpables de administración fraudulenta agravada por apropiarse de fondos destinados a planes sociales para personas desempleadas. Ocho de los condenados recibieron penas de prisión efectiva, que van de tres a cinco años, mientras que los cuatro restantes cumplirán prisión condicional. Todos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

La investigación reveló que, entre septiembre de 2020 y julio de 2022, los condenados implementaron un mecanismo para extraer dinero de los cajeros automáticos utilizando tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales y cheques del Ministerio de Desarrollo Social. Parte de estos fondos, que debían llegar a personas en situación de vulnerabilidad, fueron desviados para financiar actividades políticas del Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido que gobernaba la provincia bajo la gestión de Omar Gutiérrez.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, consideró agravantes la duración de la maniobra, la cantidad de personas involucradas y el daño económico, que superó los $1.200 millones. Las penas más altas, de cinco años de prisión efectiva, recayeron sobre Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social), Tomás Siegenthaler (excoordinador provincial) y Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales). Otros funcionarios recibieron penas menores, en función de su grado de participación y la ausencia de antecedentes penales.

La Fiscalía de Estado, que actuó como querellante, anunció que apelará la sentencia para que se reconsidere la acusación de asociación ilícita, lo que podría agravar las penas. Además, continuará las acciones civiles para recuperar los fondos públicos desviados. El caso, que surgió a partir de una denuncia del Banco Provincia de Neuquén en 2022, ha generado un fuerte reclamo social y político por sanciones más severas y mayor transparencia en la administración pública.

El actual gobierno provincial, encabezado por Rolando Figueroa, ha manifestado su compromiso con la "tolerancia cero" a la corrupción y busca endurecer las penas para delitos contra la administración pública. El fallo del tribunal marca un precedente en la lucha contra la corrupción en Neuquén, aunque persisten demandas de mayor rigor judicial y restitución de los fondos sustraídos.