El Gobierno nacional ratificó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), oficializada mediante el Decreto 139/2026, con el objetivo de simplificar trámites, reducir costos y ampliar la oferta de talleres habilitados para realizar la revisión. La medida, que modifica los plazos y elimina trámites considerados burocráticos, fue presentada como una modernización del sistema y busca alinear la normativa argentina con estándares internacionales.

Según el nuevo esquema, los vehículos 0 km deberán realizar su primera verificación a los cinco años del patentamiento, mientras que los autos de entre cinco y diez años tendrán controles cada dos años. Los vehículos más antiguos mantendrán la frecuencia anual de inspección. Además, se elimina la exclusividad de las plantas de verificación, permitiendo que concesionarias, talleres habilitados y centros de revisión de transporte de carga puedan realizar la VTV. También se suprime el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite intermedio que generaba costos adicionales y era considerado redundante.

La reforma fue rechazada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (Catrai) y por empresas del sector, que argumentaron que los cambios podrían poner en riesgo la seguridad vial y afectar la independencia de los controles. "Permitir que una concesionaria inspeccione el auto que ella misma vende genera conflicto de intereses", señalaron desde Catrai. Sin embargo, el Ejecutivo desestimó estos reparos, citando estudios internacionales que atribuyen la mayoría de los accidentes viales a errores humanos y no a fallas mecánicas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la publicación del decreto y destacó que la reforma apunta a reducir la burocracia y los costos para los ciudadanos. "El objetivo es transformar el sistema en uno más accesible y con mayor cobertura territorial", afirmó.

La implementación de la reforma será gradual y dependerá de la adhesión de las provincias, ya que el tránsito es una jurisdicción provincial. Para su puesta en marcha, será necesario habilitar nuevos talleres, certificar técnicamente a los prestadores y adaptar los sistemas informáticos. El Gobierno sostiene que la apertura del mercado fomentará la competencia, reducirá los precios y mejorará la cobertura, aunque el debate sobre el impacto en la seguridad vial y la independencia de los controles continúa abierto.