El Senado argentino avanzó en el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El dictamen, impulsado por el oficialismo y respaldado por bloques como la UCR y el PRO, será debatido en el recinto la próxima semana, con la expectativa de convertirlo en ley.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados tras una votación de 149 a favor y 100 en contra, establece penas máximas de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por menores, como homicidios o robos violentos. Además, prevé alternativas a la prisión para infracciones menores, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño. El proyecto prohíbe la prisión perpetua para menores y garantiza que no compartan centros de detención con adultos, priorizando la educación y la atención médica especializada.

Durante el debate en comisiones, familiares de víctimas de delitos cometidos por menores expusieron sus testimonios, reclamando justicia y endurecimiento de penas. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, sostuvo: “No puede haber más impunidad de menores que delinquen y vuelven a casa como si nada”. Por su parte, sectores de la oposición, especialmente el peronismo y la izquierda, criticaron el enfoque punitivo y la falta de medidas preventivas y de resocialización.

El proyecto también reconoce derechos de las víctimas, como el acceso a información, patrocinio jurídico y asistencia psicológica. Juristas y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles conflictos con el derecho internacional y la necesidad de un abordaje integral que incluya inversión en prevención y estructuras adecuadas.

La reforma busca reemplazar una ley vigente desde la dictadura militar y responde a un debate histórico en Argentina sobre la responsabilidad penal juvenil. El desenlace de la votación en el Senado será clave para definir el rumbo de la política penal juvenil en el país.