La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza con nuevos allanamientos y llamados a indagatoria, involucrando a empresarios, funcionarios y figuras políticas. El fiscal federal Franco Picardi ha señalado al empresario de la aviación Sergio Mastropietro como uno de los presuntos receptores de fondos ilícitos, en una trama que incluye giros de cientos de millones de pesos a sus empresas Baires Fly y Baires Jet. Estos movimientos habrían sido acordados con el lobista Miguel Ángel Calvete, considerado una pieza clave en el circuito de sobornos bajo investigación.

El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, ordenó el allanamiento de domicilios personales y empresariales de Mastropietro en Buenos Aires y San Isidro, en el marco de una serie de medidas que incluyen quince indagatorias y la detención de varios implicados, entre ellos el médico Pablo Atchabahian. Según la acusación, Mastropietro habría facilitado el lavado de dinero de las coimas a través de facturaciones laxas a laboratorios y empresas medicinales, mientras que otras empresas y funcionarios habrían orquestado licitaciones ficticias para apropiarse de fondos públicos destinados a pacientes discapacitados.

El caso se apoya en pruebas documentales, estados contables y mensajes telefónicos, dejando en segundo plano los audios filtrados que inicialmente motivaron la denuncia. Entre los implicados figuran exfuncionarios de Cambiemos y personas cercanas a Javier Milei y José Luis Espert, lo que ha generado repercusiones políticas y acusaciones cruzadas. Spagnuolo, ex titular de Andis, cambió recientemente su versión, alegando que los registros fueron manipulados con inteligencia artificial, mientras que los principales acusados niegan los cargos y denuncian una operación política en su contra.

La investigación ha puesto en foco la transparencia en el manejo de fondos públicos y la relación entre empresarios y políticos en la gestión de recursos destinados a sectores vulnerables. El expediente revela conexiones con campañas electorales y operaciones financieras internacionales, sumando complejidad a un caso que podría tener implicaciones de largo alcance en la política y la administración pública argentina.