La pesca ilegal y no regulada por flotas extranjeras en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (milla 201) ha alcanzado niveles alarmantes, según informes recientes de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) y la Environmental Justice Foundation (EJF). Entre 400 y 600 buques, principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán, operan anualmente en la región, extrayendo entre 1,5 y 3 millones de toneladas de recursos marinos por año, una cifra que multiplica hasta por cuatro la producción de la industria pesquera argentina.

El esfuerzo pesquero de la flota china creció un 85% entre 2019 y 2024, mientras que la extracción total en el Atlántico Sudoccidental aumentó un 65% en el mismo período. Las embarcaciones extranjeras emplean tácticas como el apagado de sistemas de identificación automática y el uso de banderas de conveniencia para evadir controles y sanciones. Además, la logística de estas flotas les permite operar durante meses sin tocar puerto, transfiriendo la pesca directamente a cargueros frigoríficos que la transportan a Asia.

El calamar Illex argentinus, especie de ciclo biológico corto y pieza clave en la cadena alimentaria marina, se encuentra en riesgo de colapso poblacional en uno o dos años debido a la sobrepesca y a condiciones ambientales adversas. "Una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar que en el corto plazo estemos discutiendo no una pérdida económica, sino el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur", advirtió Raúl Cereseto, presidente de FULASP.

El gobierno argentino ha respondido con sanciones récord, como la multa de $1.262 millones al arrastrero Bao Feng, y ha reforzado la vigilancia mediante operativos conjuntos de la Prefectura Naval y la Armada. Sin embargo, la presión sobre los recursos marinos se agrava por el esquema de licencias pesqueras otorgadas por el Reino Unido en las Islas Malvinas, donde en 2024 se capturaron 261.903 toneladas, afectando stocks compartidos con Argentina.

La continuidad de este esquema extractivo compromete la economía regional, el empleo en los puertos argentinos y la seguridad alimentaria nacional. Organizaciones ambientales y el sector pesquero reclaman mayor control internacional y cooperación regional para frenar la depredación y proteger el ecosistema marino del Atlántico Sur.