El escándalo por las fotomultas en la provincia de Buenos Aires continúa generando repercusiones en el ámbito judicial y político. El fiscal Álvaro Garganta citó a declarar a nueve empleados del Ministerio de Transporte para esclarecer el rol de ex funcionarios y de la concejal de Pilar, Claudia Pombo, en una presunta maniobra de fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

La investigación apunta principalmente al ex ministro Jorge D’Onofrio y a varios ex funcionarios de la cartera, quienes habrían participado en un esquema de recaudación paralela a través del sistema de multas de tránsito. Según la imputación, un grupo de funcionarios actuaba en connivencia con terceros ajenos al organismo, captando deudores de infracciones y ofreciéndoles reducciones del 50% en el monto adeudado. Además, se investiga la adjudicación irregular de concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que habría beneficiado a empresas vinculadas a funcionarios del Ministerio.

Entre los implicados figura la concejal Claudia Pombo, quien debió renunciar a la presidencia del Concejo Deliberante de Pilar tras el escándalo y estaría dispuesta a declarar como arrepentida. La Justicia también investiga su relación con el ex juez de faltas Mario Quattrocchi, con quien compartía frecuentes viajes al exterior y emprendimientos en España.

D’Onofrio, por su parte, niega las acusaciones y señala a la empresa Secutrans como impulsora de la causa judicial. Sus abogados cuestionan el rol de Secutrans como particular damnificado, argumentando que no se ha probado un perjuicio económico y que la empresa opera cámaras sin autorización en la provincia. Sin embargo, el fiscal Garganta rechazó estos planteos y mantiene la imputación contra el ex ministro.

Las declaraciones de los empleados del Ministerio comenzarán el 2 de julio y se espera que aporten información clave sobre el funcionamiento interno de la cartera y el rol de Pombo en la maniobra. El caso ya provocó la renuncia y apartamiento de varios funcionarios y podría tener nuevas derivaciones en los próximos meses, en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de las multas y concesiones viales en la provincia de Buenos Aires.