El juicio oral y público contra Leonardo Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, se desarrolla en Paraná bajo un fuerte operativo de seguridad. Airaldi está acusado de liderar y financiar una organización narcocriminal que operó entre 2019 y 2024 en Entre Ríos y Santa Fe, y de almacenar casi 30 kilos de cocaína. Además, enfrenta una investigación paralela por un presunto plan para asesinar al fiscal José Ignacio Candioti, al juez Leandro Ríos y al ministro de Seguridad Néstor Roncaglia, según la denuncia de un recluso.

El traslado de Airaldi desde el penal de Ezeiza a Paraná se realizó con un despliegue inusual de seguridad, reflejando la gravedad de las acusaciones y el riesgo institucional. Durante la audiencia, Airaldi brindó detalles sobre su historia personal y patrimonial, insistiendo en su perfil de empresario rural y negando cualquier intención de amenazar a funcionarios. “Aprovecho para solidarizarme con el fiscal Candioti. En ningún momento se me ocurrió hacer una amenaza a él o a otra persona. Lo que más amo es la vida y jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a nadie”, declaró ante el tribunal.

El fiscal federal Juan Podhayny subrayó la importancia de la jornada, ya que el tribunal rechazó todos los pedidos de nulidad presentados por la defensa, permitiendo que el proceso continúe. La acusación sostiene que Airaldi utilizó su posición y recursos para organizar la logística y financiar las actividades de la red, que habría operado desde estancias rurales y mediante canales fluviales y terrestres.

El caso incluye a otros ocho acusados, con roles diferenciados dentro de la estructura criminal, y se prevé que el juicio se extienda hasta julio. El hallazgo de casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto fue uno de los elementos centrales de la acusación. Airaldi reconoció un antecedente penal por portación ilegítima de arma de guerra, pero negó cualquier relación con el narcotráfico o la planificación de delitos violentos.

El proceso es seguido de cerca por su impacto en la lucha contra el narcotráfico en la región y por la preocupación institucional ante las amenazas denunciadas. Las próximas audiencias continuarán con la incorporación de pruebas y testimonios clave para esclarecer el alcance de las operaciones ilegales atribuidas a Airaldi y su entorno.