El diputado argentino José Luis Espert admitió haber recibido un adelanto de US$200.000 en 2020 por una consultoría para la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, propiedad de Federico Machado, empresario investigado por narcotráfico y minería ilegal. El contrato, que ascendía a un millón de dólares, fue firmado mientras la mina principal de la compañía, La Meca I, permanecía inactiva y era utilizada como pantalla para actividades ilícitas, según investigaciones del Ministerio Público de Guatemala y testimonios de exdiputados locales.

La controversia se intensificó cuando expertos del sector minero y energético cuestionaron la legitimidad del pago y la modalidad de la transferencia. "Yo nunca vi que alguien pague 400 mil dólares por una consultoría", señaló un economista consultado por medios argentinos, subrayando que incluso los trabajos más complejos rara vez superan los US$250.000. Además, la práctica habitual en el sector es que los pagos se realicen por etapas y a través de empresas constituidas, no a título personal como en el caso de Espert.

Las investigaciones en Guatemala revelaron que Minas del Pueblo no tenía actividad minera legal y que su sitio La Meca I servía como pista aérea para el aterrizaje de aviones cargados con cocaína. Paralelamente, camiones de la empresa extraían oro ilegalmente de la mina El Pato, trasladándolo a La Meca I, a pesar de no contar con permisos de explotación. El exdiputado Carlos Barreda, quien impulsó la investigación, declaró: "Descubrimos que Minas del Pueblo era una pantalla; no había explotación legal".

El pago recibido por Espert equivale a más de 16 años de salario promedio de un trabajador argentino, lo que acentuó la polémica y generó interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la legalidad de los fondos. La normativa vigente en Argentina exige que los dólares provenientes de exportación de servicios sean ingresados y pesificados oficialmente, lo que añade otra capa de dudas sobre la operación.

El caso ha impactado negativamente en la imagen pública de Espert y ha reavivado el debate sobre la ética y la transparencia en la política argentina. Las investigaciones continúan en Guatemala y Argentina, mientras especialistas y referentes del sector insisten en que los montos y la modalidad del pago no se corresponden con las prácticas habituales, alimentando las sospechas sobre el verdadero origen y destino de los fondos.