Javier Iguacel, exministro de Energía y exdirector de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri, se encuentra en el centro de la polémica tras la adjudicación de áreas petroleras estratégicas de YPF a su empresa Bentia Energy S.A. La compañía, fundada en julio de 2024 con un capital inicial de 30 millones de pesos —de los cuales solo 7,5 millones fueron integrados—, obtuvo en tiempo récord la concesión de los clústeres Vaca Muerta Norte y Sur en Neuquén, tras una licitación realizada por YPF en el marco del Plan Andes.

El proceso ha sido objeto de críticas por parte de especialistas y sectores sindicales, quienes cuestionan la falta de antecedentes de Bentia en el sector y la aparente falta de solvencia financiera, requisito establecido por la Ley de Hidrocarburos. A pesar de ello, la adjudicación fue aprobada por decreto provincial en abril de 2025. Según estimaciones, los activos adjudicados podrían generar más de 100 millones de dólares anuales, mientras que el compromiso de inversión declarado por Bentia asciende a 150 millones de dólares, aunque hasta el momento la única fuente de financiamiento concreta ha sido una pre-venta de crudo.

Iguacel ha defendido la operación, argumentando que se trata de una oportunidad para desarrollar áreas maduras y crear empleo, y ha señalado que la estrategia de financiamiento incluye la emisión de deuda en dólares utilizando los activos como garantía. Sin embargo, críticos sostienen que la maniobra constituye una privatización encubierta y una especulación financiera con recursos públicos, advirtiendo que, en caso de fracaso, el Estado podría verse obligado a asumir las pérdidas.

El traspaso de activos de YPF a empresas privadas forma parte de una política de desinversión de la petrolera estatal, que busca concentrar sus recursos en Vaca Muerta. En paralelo, YPF ha reportado pérdidas significativas y una reducción de personal en el primer trimestre de 2025. El caso ha reavivado el debate sobre el rol del Estado en la gestión de recursos estratégicos y la transparencia en los procesos de privatización.

La figura de Iguacel, además, está marcada por su papel en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, lo que añade un componente político a la controversia. Mientras tanto, sectores energéticos y sindicales exigen mayor transparencia y control sobre la transferencia de activos públicos a manos privadas, en un contexto de crisis energética y transformaciones profundas en la industria.