El prolongado conflicto entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresariales mantiene paralizada la zafra del langostino en Argentina, generando preocupación en el sector pesquero y en las economías regionales. Tras más de un mes y medio de negociaciones fallidas, la última audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación no logró destrabar la situación, y las posturas entre las partes parecen irreconciliables.

Las cámaras empresariales, entre ellas CAPIP, CAPeCA y CEPA, insisten en la necesidad de aplicar un "sinceramiento de costos laborales" y proponen una reducción del 22% en la producción, similar a la ya acordada con capitanes y maquinistas. Sin embargo, el SOMU rechaza de plano cualquier ajuste sobre el salario de los marineros, argumentando que "el salario no es moneda de cambio" y que negociar a la baja es ilegal. "No vamos a permitir que se firmen actas que legalicen la precarización", remarcaron desde el gremio.

Ante el estancamiento, las empresas decidieron avanzar con la firma de acuerdos individuales con los marineros, una alternativa que el Gobierno nacional podría homologar por tratarse de una situación extraordinaria. Empresas como Conarpesa y San Isidro ya comenzaron a convocar a sus trabajadores para firmar estos contratos y alistar los buques para retomar la actividad. "La única razón por la cual la flota tangonera no opera es la intransigencia del SOMU en readecuar las condiciones laborales y salariales", sostienen desde el sector empresario.

El SOMU, por su parte, denuncia que las empresas buscan convertir al salario de los marineros en la variable de ajuste y advierte sobre posibles medidas de fuerza si se alistan buques sin acuerdo colectivo. "Estamos hablando con todos los compañeros y explicándoles qué quieren hacer las empresas. Entendemos la necesidad, pero la mayoría está dispuesta a no firmar nada", afirmó César Zapata, secretario general de la seccional Madryn del SOMU.

Mientras tanto, la temporada de langostino sigue estancada, con fuertes pérdidas económicas y un clima de creciente tensión en los puertos. La falta de acuerdo amenaza con dejar a miles de marineros sin trabajo y pone en riesgo la continuidad de la actividad pesquera, clave para las economías regionales. El desenlace del conflicto dependerá de la capacidad de las partes para encontrar una solución que contemple tanto la sustentabilidad del sector como los derechos de los trabajadores.