La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido de recusación presentado por la defensa de dos directivos del Grupo Macri, quienes buscaban apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña en la causa penal conocida como "Correo Argentino". Esta decisión mantiene vigente la investigación sobre presuntas irregularidades en el acuerdo alcanzado en 2016 entre el Estado Nacional y la empresa controlada por la familia del expresidente Mauricio Macri.

El expediente, que tramita desde 2017 en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, investiga si el acuerdo firmado durante la gestión de Cambiemos implicó un perjuicio fiscal para el Estado. Según la fiscal Gabriela Boquín, la propuesta aceptada por el Ministerio de Comunicaciones, entonces liderado por Oscar Aguad, representaba una quita del 98,8% de la deuda, lo que podría haber significado una pérdida de hasta 70 mil millones de pesos para el Estado nacional. "La oferta aceptada era abusiva e implica un perjuicio fiscal que perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional", sostuvo Boquín en su dictamen de 2016.

En la causa están imputados Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa (ex titular de Asuntos Jurídicos del ministerio), y los directivos de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher. Todos fueron indagados, pero hasta el momento no hay procesamientos firmes. La defensa de los directivos de SOCMA argumentó temor de parcialidad por parte de los jueces Farah y Boico, pero la Corte Suprema consideró que no existían fundamentos suficientes para apartarlos, ya que "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal".

El fallo de la Corte tiene repercusiones políticas, especialmente en la Unión Cívica Radical de Córdoba, donde figuras como Aguad y Mocoroa ocupan roles clave. Además, la decisión judicial se produce en un contexto de alta sensibilidad política, tras recientes fallos contra otros exmandatarios y en medio de acusaciones cruzadas sobre el uso político de la Justicia.

El caso Correo Argentino, que ha tenido escasos avances en los últimos años, vuelve así al centro de la escena judicial y política, con posibles implicancias para futuras negociaciones partidarias y la imagen pública de los involucrados.