El empresario de la aviación Sergio Mastropietro, investigado como pieza clave en una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), logró eludir la incautación de su teléfono celular en el Aeroparque Jorge Newbery, pese a una orden judicial expresa. El episodio, ocurrido el 15 de noviembre, derivó en una denuncia penal presentada por el juez federal Sebastián Casanello para esclarecer el accionar de las autoridades aeroportuarias involucradas.

Según fuentes judiciales y de la investigación, Mastropietro regresó al país en un vuelo privado procedente de Miami, con una escala inesperada en Tucumán. Allí, realizó una llamada telefónica cuyo destinatario aún no ha sido identificado. Al arribar a Buenos Aires, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Migraciones tenían la instrucción de requisar sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, el procedimiento se demoró y Mastropietro abandonó el aeropuerto sin ser interceptado.

Al ser finalmente abordado fuera de la terminal, el empresario alegó haber dejado su celular en algún lugar del aeropuerto, y que el aparato ya no estaba en su poder. La señal del teléfono fue rastreada por última vez en las inmediaciones de la Floralis Genérica, lejos del aeropuerto. La versión ofrecida por Mastropietro fue considerada poco verosímil por los agentes y generó sospechas sobre posibles irregularidades o encubrimiento por parte de los funcionarios responsables.

El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación por corrupción en la ANDIS, describe a Mastropietro como operador financiero y persona de confianza de Miguel Ángel Calvete, principal acusado de articular un circuito ilícito de direccionamiento de contrataciones y recaudación de fondos provenientes de proveedores de insumos médicos. La estructura, según la fiscalía, incluía facturación apócrifa y maniobras de lavado de activos a través de empresas como Baires Fly S.A.

El caso ha puesto bajo la lupa el accionar de Migraciones y la PSA, que se responsabilizan mutuamente por la falla en el operativo. La Justicia analiza registros fílmicos y movimientos en el aeropuerto para determinar responsabilidades. El episodio refuerza las preocupaciones sobre la efectividad de los controles estatales y la posibilidad de encubrimientos en causas de alto perfil. Se espera que la investigación avance en los próximos días, con posibles nuevas citaciones e indagatorias.