La muerte de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha generado conmoción y un intenso debate sobre el accionar de la Justicia y los organismos de protección infantil. El menor falleció tras ser trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó en estado crítico y con lesiones internas, según los resultados preliminares de la autopsia.

La madre de Ángel, Mariela Altamirano, y su pareja son los principales sospechosos y permanecen bajo control policial, aunque aún no han sido formalmente detenidos. La fiscalía, a cargo de Cristian Olazábal, investiga tres posibles causas de muerte: una patología previa no detectada, muerte súbita o un ataque violento. "Son los principales sospechosos y esto podría provocarnos una nulidad a futuro si los entrevistamos como testigos", explicó el fiscal, justificando la medida de arraigo y el control policial sobre ambos.

El caso se complica por el trasfondo de una disputa judicial por la tenencia del menor. Ángel había sido revinculado con su madre apenas un mes antes de su muerte, tras una decisión del juez Pablo José Pérez, quien ahora enfrenta críticas de la familia paterna y de la opinión pública. Tanto la madre como el padre del niño tenían antecedentes de denuncias por violencia familiar, lo que añade complejidad al caso.

En declaraciones a los medios, la madre negó rotundamente las acusaciones en su contra: "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué". También denunció haber sido víctima de amenazas y violencia de género, y explicó que no asistió al velorio de su hijo por temor a represalias.

El caso ha generado una fuerte reacción social, con marchas y pedidos de justicia en Comodoro Rivadavia. El abuelo de Lucio Dupuy, otro niño asesinado en circunstancias similares, expresó su conmoción y criticó la falta de reacción de las instituciones: "No me entra en la cabeza cómo no pueden escuchar a los niños".

Mientras la investigación avanza y se esperan los resultados finales de la autopsia, el caso de Ángel López reabre el debate sobre la protección de la infancia y la responsabilidad de la Justicia en situaciones de riesgo.