La investigación por el asesinato de Brenda Torres en Córdoba ha dado un giro decisivo en los últimos días, luego de que la fiscalía recaratulara el caso como femicidio. Brenda, una joven de 24 años, fue hallada descuartizada en distintos puntos de la ciudad, un crimen que ha generado conmoción y debate sobre la violencia de género y la vulnerabilidad social.

El fiscal Horacio Vázquez, a cargo de la causa, reunió pruebas suficientes para establecer que el asesinato ocurrió en un contexto de violencia de género. "Las circunstancias de especial vulnerabilidad en la cual se encontraba la víctima y la consiguiente situación de desproporcionada desigualdad respecto de los autores del hecho determinan la existencia de un contexto de violencia de género en el homicidio de Brenda Torres", señaló la fiscalía en un comunicado oficial.

La abogada de la familia, Daniela Morales Leanza, fue clave en solicitar el cambio de carátula. "Bastó con que fuera a hablar con la familia y viera el contexto para darme cuenta de que esto no era un ajuste de cuentas", afirmó. Morales Leanza destacó la situación de extrema vulnerabilidad de Brenda, quien tenía consumos problemáticos y vivía en la calle, lo que la colocaba en una posición de desprotección total frente a sus agresores.

Los acusados, Cristian Aranda y Gustavo Lencina, trabajaban como cuidadores informales y, según las pericias, los cortes en el cuerpo de la víctima presentaban características de haber sido realizados por alguien con experiencia profesional en el uso de cuchillos. Lencina, en particular, tenía antecedentes como matarife. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los sospechosos, quienes fueron detenidos tras el hallazgo de restos humanos en su domicilio.

El crimen se habría producido durante una reunión en la que se consumían drogas, y tras una golpiza fatal, los acusados habrían descuartizado el cuerpo para ocultar el delito. La investigación sigue abierta, con pericias pendientes y análisis de celulares de los detenidos. La familia de Brenda reclama justicia y mayor impulso en la recolección de pruebas, mientras la sociedad cordobesa permanece conmocionada por la brutalidad del hecho.

La nueva calificación penal implica que, de ser hallados culpables, los imputados podrían recibir prisión perpetua. El caso ha puesto en el centro del debate la problemática de la violencia de género y la situación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, en un contexto donde la justicia busca esclarecer los hechos y brindar respuestas a una sociedad impactada.