Una misión argentina conformada por legisladores, referentes sindicales y organismos de derechos humanos partirá el lunes 15 de junio hacia Bolivia, con el objetivo de monitorear y relevar denuncias de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales que sacuden al país vecino desde hace más de cuarenta días. La delegación, que permanecerá en Bolivia hasta el 18 de junio, actuará de manera independiente tanto del gobierno argentino como del boliviano, según informaron sus integrantes en una conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA Autónoma en Buenos Aires.

Las movilizaciones en Bolivia, lideradas por organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y comunitarias, surgieron como respuesta a las políticas de ajuste y privatizaciones implementadas por el presidente Rodrigo Paz. La represión estatal ha dejado un saldo de al menos diez personas fallecidas, más de cincuenta detenciones y decenas de heridos, según denuncias de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Además, se reportan casos de tortura, falta de asistencia médica a los heridos, detenciones arbitrarias y secuestros de dirigentes sindicales y campesinos.

La reciente aprobación de medidas que amplían los poderes del Estado para declarar el estado de excepción y autorizar el uso de las fuerzas armadas contra las movilizaciones ha generado preocupación en la comunidad internacional. "Es clave que esta misión humanitaria observe la preservación de los derechos humanos frente a la realidad de un pueblo que se está rebelando y que está siendo reprimido", expresó Hugo Godoy, secretario general de la CTA, durante la conferencia.

En Buenos Aires, la comunidad boliviana y diversas organizaciones han realizado movilizaciones en solidaridad con el pueblo boliviano, exigiendo el cese de la represión y el respeto a los derechos democráticos. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) también manifestó su apoyo, destacando la importancia de defender el carácter plurinacional del Estado boliviano y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La misión argentina buscará documentar y visibilizar la situación en Bolivia, con la intención de contribuir a la protección de los derechos humanos y a la denuncia internacional de las violaciones registradas. El desarrollo de los acontecimientos será seguido de cerca por organismos y movimientos sociales de la región, atentos a las implicaciones futuras para la democracia y los derechos en América Latina.