El PAMI, organismo encargado de la atención a jubilados en Argentina, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que involucra a funcionarios del gobierno de Javier Milei. Las denuncias incluyen aportes compulsivos, extorsión y uso indebido de recursos públicos, prácticas que contrastan con las promesas de campaña del presidente de "romper con la casta".

El caso salió a la luz tras un comunicado oficial emitido el 30 de abril, firmado por Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, director y subdirector ejecutivo del PAMI, respectivamente. Este documento, respaldado por el ministro de Salud, Mario Lugones, denunció contrataciones irregulares y el uso de delegaciones como "cajas negras al servicio de la política". La auditoría interna reveló un sistema de aportes forzados que afecta a empleados del PAMI y ANSES, quienes habrían sido obligados a entregar entre el 10% y el 25% de sus salarios para financiar actividades partidarias.

Casos específicos han surgido en varias provincias. En La Plata, Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI local, denunció que le exigieron un retorno mensual de $1 millón para conservar su cargo. En Misiones, Adrián Núñez, referente local de Karina Milei, fue señalado por retener parte de los salarios de empleados para financiar campañas. En Mendoza, chats filtrados mostraron cómo se asignaban cargos en base a lealtades políticas.

Las Unidades de Gestión Local (UGL), que manejan importantes partidas presupuestarias, han sido identificadas como centros de recaudación partidaria. Estas prácticas han generado tensiones internas en el gobierno libertario, con facciones disputándose el control territorial y los recursos del PAMI.

El impacto de estas denuncias no se limita al ámbito político. El PAMI enfrenta dificultades para renovar acuerdos con laboratorios, lo que podría afectar la atención a los jubilados. Además, la imagen del gobierno de Milei se ve comprometida, ya que estas prácticas contradicen su discurso de transparencia y lucha contra la corrupción.

Analistas políticos advierten que este escándalo podría tener repercusiones en las próximas elecciones, debilitando la posición del oficialismo. Mientras tanto, los jubilados, principales beneficiarios del PAMI, se ven atrapados en una disputa política que pone en riesgo su bienestar.