Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, Argentina experimenta una profunda transformación en su estructura productiva y laboral. El ajuste fiscal, la apertura comercial y la caída del consumo han desencadenado el cierre de miles de empresas y la destrucción de cientos de miles de empleos formales, generando un clima de incertidumbre y tensión social.

Según datos oficiales y relevamientos de consultoras, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 cerraron 21.938 empresas, principalmente pymes, a un ritmo de 30 por día. El número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 a 490.419, mientras que el empleo formal se redujo en 290.600 puestos, afectando especialmente a la industria manufacturera, la construcción y el sector público. El desempleo oficial se ubica en 6,6%, pero la informalidad laboral alcanza el 43,3% y el pluriempleo crece, reflejando un mercado laboral cada vez más precario.

El cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, que dejó a más de 900 trabajadores sin empleo, se convirtió en símbolo de la crisis industrial. Un informe del CEPA relevó 717 conflictos laborales desde enero de 2024, de los cuales el 62% se concentró en la industria, especialmente en ramas como la textil, alimenticia y metalúrgica. Las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas, aunque también grandes firmas han bajado la persiana ante la imposibilidad de competir con productos importados y la caída de la demanda interna.

El Gobierno defiende el ajuste y la apertura como pasos necesarios para atraer inversiones y estabilizar la economía. Destaca el crecimiento de sectores como la minería y la energía, impulsados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y sostiene que la transición hacia un nuevo modelo productivo es inevitable. "El país está transicionando de un modelo económico a otro, en busca de un nuevo equilibrio", afirmó el economista Dante Sica.

Sin embargo, economistas y analistas advierten sobre el alto costo social del proceso y la necesidad de una apertura comercial "inteligente y gradual". Señalan que el impacto es desigual según la región y el sector, y que la destrucción de empresas y empleos podría convertirse en el principal obstáculo económico y político para el Gobierno. La reforma laboral propuesta por el oficialismo, que busca reducir costos empresariales y fomentar la contratación formal, genera un intenso debate: mientras empresarios la apoyan con reservas, sindicatos y parte de la oposición alertan sobre la pérdida de derechos y la precarización del trabajo.

El futuro del empleo y la estructura productiva argentina permanece incierto, en un contexto de ajuste, conflictividad y búsqueda de un nuevo equilibrio económico.