En la provincia de Santa Fe, la infraestructura energética y urbana experimenta un impulso significativo con la licitación de una nueva estación transformadora de 80 MVA en Alvear, sobre la A012. Esta obra, con un presupuesto oficial de 23 mil millones de pesos y fecha de finalización prevista para diciembre de 2027, permitirá abastecer de energía eléctrica a todo el cordón sudoeste de Rosario, facilitando tanto desarrollos fabriles como residenciales. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) será la encargada de operar la estación, y ya negocia la compra anticipada de potencia para futuros proyectos inmobiliarios.

En paralelo, se avanza en la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales destinada a las nuevas unidades penitenciarias y a la actual Unidad Penitenciaria 3. Esta obra, que estará lista en diciembre de este año, busca resolver un problema ambiental de larga data, ya que el sistema de contención de efluentes había colapsado, afectando al arroyo Saladillo. "La nueva planta depuradora estará lista antes de que se terminen las nuevas cárceles", aseguraron fuentes oficiales.

En el ámbito energético nacional, PCR y ArcelorMittal Acindar inauguraron la ampliación de la Estación Transformadora de Ezeiza, con una inversión de 40 millones de dólares. Esta mejora permitirá aumentar la capacidad de transmisión y distribución eléctrica en el corredor Comahue-Buenos Aires, beneficiando a unos 600 mil hogares. El proyecto incluye la futura construcción de un parque eólico en Olavarría, con una inversión total de 275 millones de dólares y la generación de 350 empleos durante su desarrollo.

No obstante, el crecimiento urbano enfrenta desafíos. Familias de los loteos Naranjo 1 y 2 en Ibarlucea y Comunidad Evolutiva en Pueblo Esther reclaman la entrega de terrenos adquiridos al Grupo Roma, señalando demoras en obras y autorizaciones. La Secretaría de Defensa del Consumidor de Santa Fe interviene como mediadora, mientras los afectados exigen mayor transparencia y celeridad. "Hace más de cinco años que estamos a la espera de nuestro terreno", expresó una de las damnificadas.

En el sector financiero, persisten denuncias por la falta de avances en investigaciones sobre la financiera Allegranza, a la que se le reclaman más de cuatro millones de dólares. Los afectados critican la lentitud judicial y la falta de claridad en los procedimientos. Además, surgen cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos sindicales aceiteros, que según estimaciones empresariales, alcanzan los 60 millones de dólares anuales.

Estas inversiones y conflictos reflejan tanto el dinamismo como los desafíos de la región, donde la infraestructura y la transparencia en la gestión pública y privada son claves para el desarrollo futuro.