Las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron en 2025 un récord histórico de u$s8.338 millones, impulsadas principalmente por el sector energético y la minería, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Este desempeño se produce en el marco de la firma de un nuevo acuerdo comercial y de inversiones entre ambos países, celebrado el 5 de febrero de 2026, que promete ampliar aún más las oportunidades para productos argentinos en el mercado estadounidense.

El acuerdo, considerado por el gobierno de Javier Milei como un avance estratégico, incluye la ampliación del cupo de exportación de carne vacuna argentina a Estados Unidos, que pasará de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, lo que podría traducirse en u$s800 millones adicionales para el sector. Además, se prevén beneficios para la agroindustria, la industria automotriz y sectores vinculados a la energía y los minerales críticos, como el litio y el cobre.

Sin embargo, el pacto ha generado controversia por la asimetría de los compromisos asumidos. Mientras Argentina se compromete a eliminar aranceles para más del 80% de los productos estadounidenses y a priorizar inversiones de ese país en sectores estratégicos, los beneficios otorgados por Estados Unidos, como la cuota de carne, son de carácter transitorio y sujetos a decisiones ejecutivas que podrían revertirse. "La apertura comercial no es un juego de suma cero; hay una ganancia neta", sostuvo el economista Juan Carlos de Pablo, aunque advirtió sobre la necesidad de revisar los costos internos y las desventajas estructurales de la producción local.

Empresarios y analistas han manifestado preocupación por el impacto del acuerdo en la industria nacional, especialmente en sectores que aún no se han recuperado de la recesión de 2024. La Unión Industrial Argentina alertó sobre la presión fiscal y la competencia desigual que enfrentan las empresas locales frente a la apertura de mercados. Además, se señala que el acuerdo podría afectar la relación de Argentina con otros socios estratégicos, como el Mercosur, la Unión Europea y China, y generar conflictos en la Organización Mundial de Comercio.

El texto del acuerdo, que abarca 492 páginas, impone a Argentina la obligación de adaptar su legislación y regulaciones en áreas clave como propiedad intelectual, comercio digital, salud, energía y minería, mientras que las obligaciones estadounidenses son considerablemente menores y menos permanentes. Críticos del acuerdo lo comparan con antecedentes históricos como el Pacto Roca-Runciman, advirtiendo sobre riesgos de pérdida de soberanía y autonomía regulatoria.

A pesar de las críticas, el gobierno sostiene que el acuerdo representa una oportunidad para atraer inversiones y fortalecer la inserción internacional de la economía argentina. El debate sobre sus implicancias y la necesidad de reformas internas continúa abierto, en un contexto de expectativas y desafíos para el desarrollo productivo nacional.