El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus etapas más críticas desde el inicio de su gestión, marcada por una fuerte crisis interna y una economía que no logra estabilizarse. Las disputas entre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, principal asesor presidencial, han generado un clima de desconfianza y parálisis en la toma de decisiones. A esto se suma la situación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien enfrenta una investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y una abrupta caída de apoyo tanto dentro como fuera de La Libertad Avanza.

La inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, ha profundizado la preocupación en la Casa Rosada. El dato fue reconocido como negativo por el propio presidente Milei, quien admitió que la situación es "mala" y que las recetas ortodoxas aplicadas hasta ahora no han dado los resultados esperados. La caída de salarios y la pérdida de más de 240.000 empleos formales, según datos de la UIA, agravan el malestar social y la presión sobre el equipo económico liderado por Luis Caputo.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de US$1.000 millones, pero condicionó su apoyo a la implementación de nuevas medidas fiscales, monetarias y cambiarias. Kristalina Georgieva, titular del FMI, fue clave para destrabar la negociación, aunque exigió compromisos concretos y urgentes por parte del gobierno argentino.

Mientras tanto, la interna libertaria se traslada a las redes sociales y al Congreso, donde Adorni deberá rendir cuentas en los próximos días. El oficialismo intenta sostener la agenda de reformas políticas y económicas, pero la falta de unidad interna y la presión de empresarios y aliados dificultan cualquier avance sustancial. El descontento social se refleja en las encuestas y en el clima de las redes, donde la imagen de Milei y su equipo muestra un marcado deterioro.

El futuro inmediato del gobierno dependerá de su capacidad para superar las divisiones internas y responder a las demandas económicas y sociales. La presión del FMI y de los sectores productivos obliga a tomar decisiones rápidas, mientras la gobernabilidad se ve amenazada por la falta de cohesión en el oficialismo. La situación plantea un escenario incierto para los próximos meses, con la estabilidad política y económica en juego.