El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó una medida cautelar que congela todos los bienes del exdiputado José Luis Espert por 90 días, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La decisión, solicitada por el fiscal Fernando Domínguez, afecta no solo a Espert sino también a su esposa, hermano, socios y sociedades vinculadas, con el objetivo de preservar el patrimonio y evitar maniobras que dificulten el recupero de activos de origen ilícito.

La investigación se centra en una transferencia de USD 200.000 realizada por Fred Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Según la resolución judicial, se detectaron activos en el exterior no declarados, cuentas bancarias omitidas y arbitrariedades en las declaraciones juradas de Espert, quien habría recibido al menos USD 1 millón en pagos y bienes durante su campaña presidencial de 2019. El contrato de servicios profesionales con la firma guatemalteca Minas del Pueblo SA, por un total de USD 1 millón, es considerado por los investigadores como posible instrumento para justificar fondos de origen ilícito.

Durante los allanamientos realizados en domicilios y estudios contables, se secuestró documentación clave, incluyendo facturas y anotaciones que refuerzan las sospechas sobre la evolución patrimonial de Espert y su entorno. Además, se identificó como posible testaferro al hijo de la pareja de Espert, titular de un vehículo de alto valor sin ingresos declarados.

La causa también involucra a Lorena Villaverde, diputada nacional, quien fue embargada por fraude en la compraventa de terrenos en Río Negro y mantiene vínculos con Ciccarelli y Machado. El embargo de sus haberes busca cubrir una suma de $40,5 millones, mientras se investiga su relación con el tráfico ilegal de drogas.

El caso ha generado una crisis política en el oficialismo, con el presidente Javier Milei y otros referentes tomando distancia de Espert tras la difusión de los hechos. La investigación continúa bajo secreto de sumario, mientras se ordenan nuevas medidas y se analizan los vínculos con sociedades offshore y posibles testaferros. El impacto del caso pone en cuestión la transparencia y la lucha contra el narcotráfico en el ámbito político argentino.