La Corte Suprema de Justicia de la Nación sobreseyó al ex sacerdote Justo José Ilarraz, quien había sido condenado en 2018 a 25 años de prisión por abusar sexualmente de siete menores de entre 12 y 15 años en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, Entre Ríos, entre 1988 y 1992. El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, consideró que los delitos habían prescripto, pese a la gravedad de los hechos y a la condena previa confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La decisión de la Corte generó una fuerte reacción pública y política. La expresidenta Cristina Kirchner, actualmente bajo arresto domiciliario tras su condena en la causa Vialidad, criticó duramente el fallo a través de sus redes sociales. "En 2024 nuestro papa Francisco lo expulsó de la Iglesia. Ayer, por unanimidad, la Corte Suprema de Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz anuló su condena de 25 años de prisión y lo sobreseyó. Sin palabras", escribió Kirchner, vinculando el caso con su propia situación judicial y cuestionando la imparcialidad del tribunal.

El caso Ilarraz había cobrado notoriedad pública cuando, en 2012, siete exseminaristas denunciaron un patrón sistemático de abuso sexual y manipulación durante su adolescencia. El Superior Tribunal de Entre Ríos había considerado los delitos como imprescriptibles por su gravedad y en base al derecho internacional, pero la Corte Suprema revocó esa interpretación, permitiendo el sobreseimiento del ex sacerdote.

La decisión ha reavivado el debate sobre la prescripción de delitos sexuales contra menores y la independencia del Poder Judicial. Diversos sectores sociales y políticos han manifestado su preocupación por el mensaje que envía el fallo en la lucha contra el abuso infantil. Por su parte, la Corte Suprema fundamentó su decisión en la prescripción legal de los hechos, sin pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.

El caso se inscribe en un contexto de alta tensión entre el Poder Judicial y sectores políticos, especialmente tras la ratificación de la condena a Cristina Kirchner. El debate sobre la protección de los derechos de las víctimas y la necesidad de reformas en la legislación sobre delitos sexuales continúa vigente en la agenda pública argentina.