La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se encuentra en el centro de la atención internacional, al estar próxima a decidir sobre la suspensión de la sentencia que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera estatal en 2012. El fallo de primera instancia, dictado por la jueza Loretta Preska, estableció una indemnización de US$16.100 millones, más intereses, a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes adquirieron la demanda tras la reestatización de la compañía.

El Gobierno argentino, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, advirtió que una decisión adversa sería "incumplible" y que cualquier transferencia de acciones requeriría la aprobación del Congreso, según lo estipulado por la ley 26.741. Francos remarcó: "Para vender una acción del Estado hay que ir al Congreso" y agregó que, de dictarse una sentencia desfavorable, el Ejecutivo recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, la Procuración del Tesoro sostiene dos apelaciones en paralelo: una contra la indemnización y otra contra la entrega de acciones.

La publicación del fallo se ha visto demorada por rumores de un hackeo ruso al sistema judicial estadounidense, específicamente al sitio Pacer, donde se difunden las novedades de los juicios. Expertos y medios internacionales han señalado que, aunque los casos civiles como el de YPF no estarían directamente afectados, la situación genera incertidumbre y preocupación entre los actores involucrados.

El impacto de una decisión desfavorable podría ser significativo, tanto en términos económicos como reputacionales. Analistas advierten que, si Argentina incumple la orden, el principal efecto sería sobre su imagen internacional, especialmente en momentos en que el país busca volver a los mercados de deuda. El [Departamento de Justicia de Estados Unidos](/entities/entity_1744833732103_261) y la Casa Blanca han presentado escritos en favor de Argentina, alertando sobre los riesgos de sentar precedentes legales que podrían complicar las relaciones exteriores.

En paralelo, el mercado financiero argentino muestra signos de volatilidad, con movimientos en las acciones de YPF y otros activos, mientras se espera la resolución judicial. El fondo Burford Capital, principal demandante, reportó ingresos contables significativos por el caso, aunque la cifra real a cobrar dependerá del desenlace judicial. El proceso judicial, que comenzó hace una década, sigue generando repercusiones políticas y económicas, y mantiene en vilo a los actores del sector y a la opinión pública.