Argentina enfrenta una de sus mayores crisis legales y financieras en el exterior tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. Esta decisión, que responde a la demanda por la expropiación de la petrolera en 2012, impone al país un plazo de tres días para cumplir con la transferencia, bajo amenaza de ser declarado en desacato si no lo hace.

El monto de la condena asciende a 16.100 millones de dólares, cifra que supera ampliamente el valor pagado a Repsol en 2014 y que, según la jueza, se incrementa diariamente en dos millones de dólares por intereses. La jueza Preska fundamentó su negativa a suspender la orden en la falta de esfuerzos del Estado argentino para satisfacer las condiciones impuestas por el tribunal, señalando que cualquier daño alegado por el país es consecuencia directa de sus propias acciones dilatorias.

El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha apelado la decisión ante la Corte de Apelaciones y busca apoyo internacional, incluyendo la posibilidad de que otros países se presenten como amicus curiae. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que no está claro si la Cámara responderá antes del vencimiento del plazo. Mientras tanto, la provincia de Chubut, junto a otras jurisdicciones petroleras, sostiene que sus acciones en YPF no deberían estar sujetas a embargo, argumentando que no son parte demandada en el litigio. El gobernador Ignacio Torres anunció que solicitarán el levantamiento del embargo sobre las acciones provinciales.

El caso ha reavivado tensiones políticas internas, con el oficialismo responsabilizando a gestiones anteriores, especialmente al exministro Axel Kicillof, por la situación actual. Por su parte, expertos en derecho internacional advierten que una declaración de desacato podría complicar aún más la posición de Argentina en los mercados internacionales y dificultar la llegada de inversiones extranjeras.

El conflicto por YPF se inscribe en una larga serie de disputas legales internacionales que han marcado la relación de Argentina con los mercados y la justicia extranjera desde el default de 2001. El desenlace de este nuevo capítulo dependerá de la respuesta de la Corte de Apelaciones y de la capacidad del Gobierno para negociar una salida que minimice el impacto económico y político para el país.