El fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia penal contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras sus declaraciones en las que afirmó que el presidente Javier Milei "no puede llegar al 10 de diciembre de 2027". Según Stornelli, los dichos del mandatario provincial podrían constituir delitos de incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos y amenaza de sedición, entre otros, previstos en el Código Penal argentino.

Las declaraciones de Quintela, realizadas en una entrevista radial y replicadas en redes sociales, generaron una fuerte reacción política y judicial. En su intervención, el gobernador instó a otros gobernadores y a la cúpula de la CGT a tomar "fuertes decisiones" ante el contexto nacional, y mencionó los muertos de 2001 como "sacrificios que valen la pena". Estas expresiones fueron interpretadas por Stornelli y otros referentes como una posible apología del crimen y una amenaza al orden constitucional.

Javier Ruiz, referente de La Libertad Avanza en La Rioja, también presentó una denuncia, sugiriendo que las palabras de Quintela podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Ruiz solicitó que el gobernador sea citado a declarar para precisar su rol en los hechos de 2001.

Ante la escalada del conflicto, Quintela intentó bajar el tono de sus declaraciones, asegurando que se trató de una "declaración política" y una visualización de lo que podría suceder si persisten las políticas actuales. El gobernador criticó duramente al gobierno nacional, enumerando medidas como la paralización de la obra pública, la quita de incentivos docentes, la devaluación y el aumento de servicios, y advirtió sobre una crisis social de imprevisibles consecuencias.

El episodio se da en medio de una creciente tensión política tras la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei, que profundizó el enfrentamiento con gobernadores, sindicatos y sectores del peronismo. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, respondió a Quintela con duras críticas, calificando su gestión como "la provincia más corrupta de la Argentina" y anticipando una propuesta alternativa para las próximas elecciones.

La situación refleja el clima de confrontación política y social que atraviesa el país, marcado por la crisis económica, el ajuste fiscal y la redefinición del vínculo entre Nación y provincias. Las implicaciones futuras dependerán de la evolución de las investigaciones judiciales y del diálogo político entre los actores involucrados.