El diputado nacional Emiliano Estrada, perteneciente a Unión por la Patria, enfrenta una investigación judicial por presunta difusión de noticias falsas y malversación de fondos públicos. El caso, que ha generado una disputa de competencias entre la Justicia federal de Salta y Comodoro Py, podría tener implicaciones políticas significativas.

La investigación comenzó en Salta, donde dos colaboradores de Estrada admitieron haber participado en una campaña de desprestigio contra rivales políticos y empresarios. Los empleados del Congreso Nacional, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión condicional por intimidación pública. Según sus declaraciones, actuaron bajo instrucciones directas del diputado, utilizando cuentas de TikTok como "La Casta Salteña" y "Casta Salta" para difundir los ataques.

El contenido de los videos se centraba principalmente en el gobernador salteño Gustavo Sáenz, a quien se vinculaba con corrupción y narcotráfico. La producción y publicación de estos materiales, según la Justicia porteña, habrían ocurrido en el despacho de Estrada, utilizando fondos del Congreso Nacional. Esto ha llevado al juez Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan a solicitar que la causa sea trasladada a Comodoro Py.

Sin embargo, el fiscal Carlos Amad, quien lleva adelante la investigación en Salta, se opone al traslado del caso. En un escrito presentado al Juzgado Federal N° 2 de Salta, Amad argumentó que los hechos afectan principalmente a la provincia y que la investigación debe continuar en su jurisdicción. Además, citó a Estrada para una audiencia el 6 de junio y advirtió que, en caso de que el diputado no comparezca, solicitará su desafuero ante el Congreso.

La disputa sobre la jurisdicción refleja tensiones entre la Justicia federal y provincial, en un contexto político polarizado donde las fake news han sido utilizadas como herramienta de ataque. Fuentes judiciales en Buenos Aires sostienen que el uso de fondos públicos y el lugar de producción de los videos justifican la competencia porteña, mientras que Amad defiende la transparencia y la justicia en el ámbito local.

El caso, que ya ha generado condenas y controversias, promete escalar en los próximos días. La audiencia del 6 de junio será clave para determinar el futuro de la investigación y las posibles consecuencias políticas para Estrada. Mientras tanto, el cerco judicial se cierra sobre el diputado, quien deberá enfrentar graves acusaciones en un escenario legal complejo.