El sistema penitenciario de Mendoza podría experimentar un cambio significativo si prospera el proyecto de ley presentado por el senador provincial Martín Rostand. La iniciativa, que ya ingresó a la Legislatura, propone que todos los internos de cárceles, alcaidías y centros de detención transitoria utilicen uniformes naranjas de alta visibilidad y calzado especial tipo "crocs", prohibiendo el uso de ropa civil y zapatillas deportivas dentro de los establecimientos.

La propuesta surge como respuesta a recientes episodios de fuga en la provincia, donde internos lograron mezclarse con la población civil y evadir los controles de seguridad. "La actual permisividad de la vestimenta civil dentro de las alcaidías y cárceles atenta contra el principio de identificación inmediata", sostiene Rostand en los fundamentos del proyecto. El legislador argumenta que la experiencia internacional y la criminología moderna demuestran que el uso de uniformes visibles reduce drásticamente las posibilidades de una fuga exitosa.

El proyecto establece que el costo de adquisición y reposición de los uniformes y el calzado deberá ser asumido por los propios internos, con valores fijados por el Ministerio de Seguridad y Justicia en base a costos de producción o compra mayorista. Además, las prendas personales de los detenidos serían inventariadas y custodiadas hasta su liberación.

La iniciativa también contempla la prohibición del uso de prendas civiles en las zonas de alojamiento, circulación y durante los traslados fuera de los penales. El uniforme, compuesto por un mameluco de una sola pieza y bandas reflectantes, permitiría que los reclusos sean fácilmente identificados por fuerzas de seguridad, cámaras de vigilancia y ciudadanos.

El modelo propuesto toma como referencia la experiencia de Santa Fe, donde desde 2024 los presos de alta peligrosidad utilizan uniformes naranjas, y prácticas habituales en cárceles de Estados Unidos. Según Rostand, la medida no solo busca reforzar la seguridad, sino también aliviar la carga fiscal sobre el Estado y promover la responsabilidad de los internos respecto a sus pertenencias.

Hasta el momento, no se han registrado reacciones públicas de organizaciones de derechos humanos ni de los propios internos. El proyecto prevé un plazo de 90 días para la implementación total del nuevo régimen, en caso de ser aprobado, y deja en manos del Ministerio de Seguridad y Justicia la reglamentación de los detalles operativos.