La causa judicial que investiga al ex diputado kirchnerista Emiliano Estrada por la presunta creación de una usina de fake news financiada con fondos del Congreso Nacional fue trasladada a los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires. La decisión fue tomada por la Cámara Federal porteña, a través de una resolución firmada por el juez Roberto Boico, quien determinó que el expediente debe continuar en el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, con la investigación delegada en el fiscal Guillermo Marijuán.

Estrada, imputado por abuso de autoridad y peculado de servicios tras finalizar su mandato en diciembre, había evitado el llamado judicial gracias a la inmunidad de sus fueros. Ahora, fuera de la función pública, se desempeña como economista consultado por Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia, presentada en enero de 2025 en Salta, sostiene que Estrada utilizó fondos estatales para financiar la creación de cuentas anónimas en redes sociales, principalmente en TikTok, con el objetivo de realizar operaciones difamatorias contra funcionarios, empresarios y periodistas.

La Fiscalía Federal de Salta, a cargo de Carlos Amad, argumentó que estas maniobras buscaban intimidar a la población y manipular la opinión pública, beneficiando políticamente al dirigente kirchnerista. Dos asesores, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, admitieron ante la justicia provincial haber gestionado las cuentas desde donde se viralizaron los ataques, ejecutando órdenes de Estrada para acceder a un juicio abreviado.

El conflicto de jurisdicción surgió cuando se constató la existencia de investigaciones paralelas en Salta y Buenos Aires. Mientras la justicia salteña analizaba la creación de las cuentas, en Buenos Aires se investigaba la gestión de recursos estatales. El fiscal Marijuán solicitó que todos los expedientes se remitieran a Buenos Aires para evitar decisiones contradictorias y garantizar una visión integral del caso. El juez Casanello coincidió y pidió a la jueza de Salta que se inhibiera, argumentando la identidad absoluta entre los hechos investigados.

La jueza Mariela Giménez rechazó el pedido, defendiendo la competencia provincial y enviando la disputa a la Corte Suprema. Finalmente, la Cámara Federal porteña resolvió el traslado, obligando a la jueza de Salta a remitir la carpeta judicial, que se unificará en Buenos Aires. Este caso refleja las tensiones entre jurisdicciones y la complejidad de investigar presuntos actos de corrupción política en Argentina.