El Gobierno Nacional dispuso la habilitación del ingreso de carne con hueso, principalmente el tradicional asado, a la región patagónica tras más de 22 años de restricciones. La medida, oficializada mediante la Resolución 460/2025, establece estrictos protocolos sanitarios para preservar el estatus de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Solo cortes con hueso plano, como asado, costilla y esternón, podrán ingresar bajo condiciones de maduración, pH controlado, doble envasado y trazabilidad completa.

La decisión responde a una demanda histórica de consumidores y productores del norte del país, que veían vedado el acceso a uno de los cortes más populares en la región sur. Se espera que la mayor oferta genere una baja de hasta el 30% en los precios del asado en la Patagonia, donde el kilo podía superar los 23.000 pesos debido a la escasez de oferta local.

Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo entre productores y entidades rurales patagónicas, quienes consideran que pone en riesgo el diferencial sanitario logrado tras dos décadas de esfuerzo. "No nos cayó bien, no lo esperábamos y estamos en desacuerdo", expresó Nora Lavayén, presidenta de la Federación de Asociaciones Rurales de Río Negro. Las entidades presentaron recursos administrativos y acciones judiciales para intentar frenar la implementación de la resolución, argumentando que la apertura fue inconsulta y podría exponer a la región a brotes de aftosa.

Desde el Gobierno Nacional y el Senasa aseguran que la decisión no afecta el estatus sanitario ni los mercados internacionales, tras consultas formales con la Unión Europea y Chile, quienes avalaron el nuevo esquema. En La Pampa, la medida fue celebrada como una oportunidad para mejorar la competitividad y frenar el contrabando de carne, mientras que en Neuquén se destacó el equilibrio entre el alivio al consumidor y la preservación sanitaria.

El debate, que ya escaló a la Justicia, profundiza las tensiones entre regiones productivas y pone en el centro la discusión sobre el modelo sanitario y comercial del país. El Gobierno anticipó que monitoreará el impacto de la medida y ajustará los controles si fuera necesario, en un contexto donde la seguridad sanitaria y la competitividad económica se presentan como prioridades en pugna.